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LOS OTROS MUERTOS DE LA DICTADURA URUGUAYA

      SE CUMPLIRÁN 33 AÑOS DE LA EXPLOSIÓN EN LA CANTERA SUÁREZ



   En la ciudad de Joaquín Suárez, departamento de Canelones, todos o casi todos han escuchado hablar, o hablaron alguna vez, del “accidente de la Cantera” que mató a 14 operarios y desapareció a uno.

  

Portada de El País

Ocurrió el primero de octubre de 1977 y quienes estaban en la ciudad, o en las cercanías, tienen algo dramático o asombroso que contar. Aparecen narraciones terribles sobre acontecimientos estremecedores tras la explosión, como por ejemplo, de quien sintió que la ruta 74 se le sacudió de un lado a otro, de aquél cuya casa fue partida y todos los vidrios destrozados, del velorio colectivo en el salón parroquial, de los pedazos de cuerpos por todas partes y hasta el perro descubierto devorando una mano. Realidad o no, estas pequeñas historias están.

   Próximamente saldrá a luz una investigación sobre esta tragedia tras largos años de silencio.

¿Los que olvidan su pasado están condenados a repetirlo?

   Suárez ha procesado esta explosión y sus quince muertos como ha podido. Eran tiempos de dictadura, de la ausencia de Justicia. Estos elementos parecen haber influido para que el asunto permaneciera prácticamente en las tinieblas, iluminado pocas veces por la memoria.

   En 2010 se cumplirán 33 años de la que es quizás el mayor “accidente” laboral de la historia de nuestro país y aún no se ha investigado a fondo sobre las verdaderas causas y sus consecuentes responsabilidades penales. Ocurrió en horas de trabajo en la más grande de las canteras de la Administración de Ferrocarriles del Estado y es por muchas personas un acontecimiento conocido, de todas maneras impera el silencio.

   Este artículo es un avance de una posterior investigación sobre el tema donde se intentará explicar cómo fue manejado este acontecimiento por la prensa en este período dictatorial y como fue procesado por la población suarence. Desentrañar los por qué de esa denominación de “accidente” cuando a primera vista este concepto resulta insuficientemente abarcativo.

   Esta investigación parte de la hipótesis de que la dictadura uruguaya ocurrida entre 1973 y 1985 tiene tres categorías de muertos. Esta categorización es por supuesto discutible y tal vez necesitaría una delimitación más fina.

   Fueron muertos en forma directa, aquellas personas que los aparatos represivos buscaron y eliminaron. Muertos en forma indirecta fueron quienes por apremios físicos o como consecuencia de acciones bélicas, murieron, sin que fuera este el objetivo. En tercer lugar están estos “otros” muertos de la dictadura, los trabajadores fallecidos a causa de la negligencia del Estado. Esta negligencia tiene relación con un mundo envuelto en la Guerra Fría, y en nuestra región, con dictaduras militares obsecuentes al imperialismo, con un cronograma político que legitimara por las urnas a los dictadores y con una agobiante presión sobre los trabajadores del país para la mejor acumulación de riquezas del poder económico gobernante.

Portada de El Diario

   Los resultados de esta investigación tiene el propósito de favorecer un debate sobre lo sucedido, motivar a la sociedad suarence a reinterpretar su pasado. Queda aún mucho que investigar y mucho que sanar por lo que una investigación de este tipo resulta relevante.

   Hay al menos tres elementos que aparecen como obstáculos a la hora de aproximarse al análisis de lo acontecido hace más de treinta años y que dificultan un abordaje desde las Ciencias Sociales.

   Primeramente hallar en un error humano, circunscripto en tiempo y espacio, la causa desencadenante de la explosión y muerte. Lo que significa, perder de vista marcos más amplios como el proceso dictatorial y su necesidad de multiplicar la producción de piedra para mejorar la infraestructura exportadora. Además, si no se cambia de postura epistemológica se pierde la posibilidad de identificar la cuota parte de responsabilidades del Presidente de AFE Cnel. Iván Paulós y el Interventor de Canteras Adolfo Goliardi.

   Segundo, la creación en el imaginario colectivo de un Judas depositario de las culpas. Este fue Heriberto Guevara, un joven de apenas 19 años con seis meses en el trabajo y muchos dicen que de naturaleza curiosa. A él se le atribuye la causa más inmediata de la explosión. Se debería considerar por un momento que quizás fue una mala idea dejarlo cerca de la pila de explosivos, ya que para su manipulación necesitó de entrenamiento adecuado. De haber sido así, la culpa de Heriberto arrastró las otras culpas, la de los demás, aquella con la cual nadie quiere vivir. Este proceso de depositación ocurre de forma consciente e inconsciente en los grupos y es natural, pero seguramente, también es un obstáculo para la correcta interpretación del objeto de análisis.

   Por último encontramos un proceso de olvido o pérdida de memoria. Evidentemente no comprende esto a los familiares y compañeros de los fallecidos y heridos, ni a aquellos que rescataron el monumento que ahora está en la principal avenida de la ciudad de Suárez. El país centra su atención en los desaparecidos y en las reclamaciones de aquellos que fueron presos en la dictadura para tener compensaciones, pero las organizaciones de defensa de los derechos humanos han olvidado a estos otros muertos de la dictadura. Tampoco el PIT-CNT, ni la Unión Ferroviaria aparecen reclamando una investigación judicial sobre estos acontecimientos. Y el olvido recriminable no es si se recuerda o no el luctuoso acontecimiento sino que todos nos hemos olvidado de buscar a los responsables, de buscar las causas verdaderas.

   La cobertura periodística tampoco ayudó a entender mucho y a lo mejor favoreció el olvido. Los periódicos de mayor tiraje como El País, La Mañana y El Diario informaron del drama extensamente el día domingo, y luego un tenue eco el día lunes. Después no más palabras, solo el silencio cómplice en todo octubre de 1977. No existió una verdadera investigación periodística.

   ¿Obediencia debida?

   Después de un tiempo de inactividad la Cantera Suárez, propiedad de la Administración de Ferrocarriles del Estado, se reactivó para la extracción de la piedra necesaria para mejorar la infraestructura vial. Se planificaba extraer en un mes el volúmen que se producían en un año. Todo era parte de un Plan Nacional de Desarrollo previsto para el período 1973-1977 en que se esperaba mejorar las exportaciones que nos sacarían de la aguda crisis económica. El transporte ferrocarrilero era la opción más rentable para el tráfico hacia el puerto, para mejorarlo, se necesitaba mejorar las bases de piedra donde se instalan durmientes y rieles. Entonces se contrató a más operarios, se aumentaron las horas extras, y se llegó al gran cambio tecnológico, dinamita por gelinita. Este explosivo plástico fue la gran innovación que las autoridades esperaban mostrar a los medios de comunicación presentes aquel sábado primero de octubre de 1977. Preparado estaba el brindis posterior a la que se decía iba a ser la más grande de las explosiones en canteras de la historia del país.

   A gran ritmo los trabajadores llenaban los barrenos de explosivos para que al mediodía se produjera la gran muestra de precisión militar. En lugar de un traslado seguro y espaciado de las cajas de 40 kilos de explosivos al punto indicado se concentró la cantidad de 240 kilos para las 9: 25 de la mañana.

Acta Nº 219 en que se prevé la creación
de un reglamento de seguridad publicado
en la revista RIELES

   En setiembre de aquel año las autoridades de A.F.E. ya sabían del peligro que corrían los trabajadores. Se creó, bajo la presidencia del Coronel Iván S. Paulós, una Comisión integrada por el señor Mayor don Néstor Cátaro del Grupo Operativo Apoyo y Enlace como presidente, el señor Asesor Técnico de Gerencia General e Interventor de Canteras, don Adolfo Goliardi, un representante de la Comisión General de Seguridad de A.F.E. y un representante de la Gerencia de Vía y Obras, con el cometido de elaborar un proyecto de reglamentación con el objeto de atender a la seguridad física de las personas que trabajan en canteras y establecer las medidas de seguridad, buen uso y control de los explosivos. Tenían un mes para expedirse, pero el primero de octubre pasó lo que era más probable.

   A las 9:25 se produjo la potentísima explosión escuchada a unos 20 kilómetros a la redonda que segó la vida de quince trabajadores.

   Como una especie de ironía la resolución, que creaba ese manual de buen manejo de explosivos, fue publicada pocos días después en la revista oficial de AFE junto con el “más sentido pésame” a los deudos. Las autoridades intentaron quitarse responsabilidades y demostrar insuficientes buenas intenciones.

   Este documento realmente demuestra que sabían que algo malo podía pasar, que las cosas no andaban bien, que más cantidad de piedra en menos tiempo implicaba más trabajo y más riesgos. Según decía, queda clara“… la necesidad de crear una Comisión con el cometido de planificar y arribar a soluciones prácticas, respecto a la seguridad física de los funcionarios que trabajan en las canteras, como así también el buen uso, administración y preservación de los materiales explosivos que se utilizan”. Aparece revelada la falta de planificación del proceso de extracción, y dentro de ese gran concepto la planificación de la seguridad, un tema por el que debería haberse empezado. La seguridad física estaba en peligro desde el inicio de las marchas forzadas.

¿Fue la explosión en la Cantera Suárez un accidente?

¿Cuál fue el desencadenante de la explosión, la causa última?

¿Por qué estos trabajadores muertos no integran la lista de las víctimas de la dictadura militar?

¿Cómo fue el proceso en que este hecho pasó a llamarse accidente?

¿Cómo influyó la prensa en la subjetividad que interpretó la explosión y muerte de los trabajadores?

La Cantera Suárez está inactiva en la actualidad

La búsqueda y análisis de las causas que intervinieron en el "accidente" más grande que se recuerde de trabajadores muertos en horas de labor, ha permanecido desestimada por la democracia. Se espera que este trabajo motive las indagatorias necesarias.

Se tendrá que analizar además, desde el punto de vista judicial, quienes fueron los culpables y si las indemnizaciones a las familias de los trabajadores han sido justas.